En distintos hechos, tres exfuncionarios del estado de Hidalgo enfrentan procesos penales por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravadas. Entre ellos se encuentra el exalcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas, quien fue detenido este día acusado de desviar 82 millones de pesos.
Gabriel García, quien en la elección pasada también contendió por la alcaldía de Tizayuca, fue aprehendido en la colonia El Pedregal del mismo municipio y trasladado al Centro de Readaptación Social de Pachuca. La Procuraduría de Justicia señaló que el exalcalde está acusado de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravadas, por lo que será puesto a disposición del juez de control.
Paralelamente, la Procuraduría obtuvo un fallo condenatorio contra el extitular de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio N, acusado de provocar un detrimento económico a las arcas públicas por 242 millones 492 mil 793 pesos. Este desvío se habría realizado durante su gestión como director general de Radio y Televisión entre marzo de 2012 y abril de 2016, utilizando dinero público de contratos de prestación de servicios con entes federales como la Secretaría de Salud, el Infonavit y la Comisión Federal de Electricidad, entre otros.
Sergio N fue aprehendido por la Procuraduría de Justicia con apoyo de autoridades federales en 2023 y presentado ante el juez de control, quien dictó auto de vinculación a proceso. La audiencia de juicio se realizó el 10 de junio de este año y continuó el 28 de junio, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento dictó un fallo condenatorio por unanimidad. Se espera la audiencia de individualización de sanciones para el próximo 3 de julio.
Asimismo, se informó sobre la aprehensión del exdirector de Administración de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, identificado con las iniciales S. T. A. El exfuncionario está señalado por celebrar contratos con la empresa Nort Solution por una cantidad de 44 millones 80 mil pesos para la prestación de servicios de consultoría y asesoría para la preparación, alineado, evaluación y gestión con fines de certificación. Según la investigación, el pago se realizó mediante una transferencia bancaria a la empresa, la cual no brindó los servicios contratados, configurando así un acto ilegal en el marco de la llamada estafa siniestra.
El imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para definir su situación legal, por lo que se programó la continuación de la audiencia para el próximo 3 de julio. Mientras tanto, se le dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar.
